La extraterritorialidad de EEUU
La
extraterritorialidad de EEUU
La Declaración de las
Naciones Unidas es muy precisa en lo referente al Principio de la
Autodeterminación de los Pueblos basado en el derecho internacional público.
Este permite a los pueblos decidir libremente su condición política, sus
propias formas de gobierno, desarrollo económico, social y cultural. Así mismo,
estructurar libremente sus instituciones, sin intervención externa, siempre y
cuando los derechos esenciales de las personas sean respetados y los gobiernos
emanen de la voluntad popular.
Es bueno resaltar que la
soberanía reside intraferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente
en la forma prevista en la Constitución y las leyes de cada país, e indirectamente, mediante el
sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los poderes del Estado
emanan de la soberanía popular y a esta están sometidos. Tales preceptos lo
refuerza el artículo 21 en el punto 3
de la conocida Declaración Universal de los Derechos Humanos que expresa: “La
voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, esta voluntad
se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse por
sufragio universal e igual por voto secreto u otro procedimiento equivalente
que garantice el voto”´.
Como se ve, en los párrafos
anteriores está muy claro que cualquier pretensión de un país extranjero de
interferir en las decisiones de un gobierno, en lo referente a su política, es una
injerencia que viola la declaración de las Naciones Unidas y la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. Parece que alguna voluntad divina, tal como en la Edad
Media, le entregó a los diferentes gobiernos de EEUU una bula que le concede la
extraterritorialidad, es decir, el “derecho” a intervenir y dictar leyes en
países fuera de su territorio. Esta “facultad” autoconcedida le permite dictar
leyes, juzgar y sentenciar sobre las actuaciones de otros gobiernos. Esta
jurisdicción ilegal sobre el territorio venezolano autorizó al gobierno de EEUU
el no reconocimiento del gobierno del presidente MM, a pesar de haber ganado
unas elecciones mediante el voto universal, directo y secreto reconocido por
otras naciones cuyos veedores certificaron la legalidad de aquella elección.
Pero la intromisión fue tan descarada que propició la creación de un “gobierno
interino” autoproclamado y presidido por un títere, el mal hablado Guaidó, que
defendería y entregaría a la Reserva Federal parte de las riquezas del país
colocadas en EEUU y en la UE.
No es nada nuevo que el
gobierno de EEUU, a través de la Reserva Federal, una empresa privada que representa
el Banco Central, dicte leyes que deberán ser cumplidas fuera de las fronteras
de USA, de allí su extraterritorialidad. Leyes como la prohibición de juzgar a
los soldados norteamericanos el país donde el o los marines cometieron el
delito, o la aplicación de sanciones a empresas que operan fuera de EEUU pero
que incumplan las leyes emanadas por la Reserva Federal. Como se ve, tales
procedimientos violan insolentemente la Declaración de las Naciones Unidas.
Ciertamente, cuando se quebranta
ley se aplican sanciones. En este caso se trata de estatutos elaborados por las
instituciones de EEUU para ser cumplida fuera de su territorio y las sanciones
están destinadas a castigar al gobierno y al pueblo que no atienden a las
directrices de la administración estadounidense. Estas sanciones son del tipo
financiero y económico, además del boicot comercial que le impide al gobierno y
al pueblo sancionado adquirir los productos básicos como alimentos, medicinas y
otros insumos necesarios para la prestación de un servicio como salud,
comunicación y otros imprescindibles para que una población logre una buena
calidad de vida.
Es bueno recordar el que el
artículo 22 de la Declaración Universal de los Derecho Humanos establece: “Toda
persona, como miembro de una sociedad, tiene derecho a seguridad social, y a
obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida
cuenta de la organización y de los recursos de cada Estado, la satisfacción de
los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y
al libre desarrollo de su personalidad”.
No cabe duda, el gobierno de
EEUU aplicó la ley estadounidense, juzgó con magistrados que operan en USA y
sentenció con tribunales de EEUU para la aplicación de sanciones sin pruebas
sobre unas elecciones ilegales, de la violación de los Derechos Humanos por
parte del gobierno bolivariano, de la dictadura de MM, sin presentar ninguna
evidencia de la no separación de los poderes públicos, mucho menos de la
alianza del gobierno de MM con grupos terroristas del medio oriente, tampoco la
injerencia de Venezuela en acciones terroristas contra ninguna parte del mundo,
ni pruebas de vínculos del gobierno de Venezuela con el narcotráfico. Sin
embargo, el gobierno de EEUU y la UE sentenciaron que había que aplicar
sanciones para crear un caos humanitario en la población venezolana, para luego
declarar que el gobierno del presidente MM es el responsable de una crisis
humanitaria creada por aquellos.
Lo más paradójico y
lamentable de la acción criminal del gobierno de EEUU y la UE, es que dichos
gobiernos violan descaradamente el artículo 22 referido anteriormente. A pesar
de que el gobierno de Venezuela dispone los recursos económicos para comprar
las vacunas contra el coronavirus para inmunizar la población venezolana, no lo
puede hacer porque aquellas administraciones secuestran y congelan nuestros
activos colocados en sus bancos, en un acto impúdicamente de piratería
genocida.
Lo incompatible de la
decisión del gobierno de EEUU de aplicar sanciones al gobierno y al pueblo de
Venezuela por delitos no comprobados, es que aquellos que acuusan violan
descaradamente los derechos humanos por la actitud racista de la policía
estadounidense; además asesinan brutalmente a niños, jóvenes y adultos y
destruyen poblaciones enteras de los pueblos del medio oriente; critican la
separación de poderes en Venezuela, cuando el fiscal de EEUU lo nombra
directamente el presidente; acusan al presidente MM de ser cómplice del
narcotráfico, a pesar que USA tiene base militares en Colombia y Afganistán,
los mayores productores y exportadores de cocaína, mariguana y opio. Así mismo,
es el país del norte donde está el mayor
mercado de consumo de drogas que se pueden beber, fumar y esnifar. Y qué decir
del vetusto sistema electoral de EEUU que hasta los mismo Donald Trump denunció
el fraude donde resultó perdedor, en un proceso comicial excluyente que data de finales del siglo XIX.
Tenemos una ONU inoperante
por no decir inútil. Esta organización internacional no está en capacidad del
enfrentar la hegemonía de los EEUU en complicidad con la UE y la OTAN. No es
competente para evitar los bombardeos contra Siria, Irak, Afganistán, Yemen,
Palestina por parte de U.S. Air Force; no puede hacer nada sobre la resolución
mayoritaria de los países del mundo que condena el boicot a Cuba; se hace la
vista gorda de las sanciones que EEUU y UE le aplica a Cuba, Nicaragua, Siria,
China, Rusia, Yemen, Venezuela…causantes de ignominiosos sufrimientos a la
población civil. La ONU fue muy diligente para regalar parte del territorios
palestino a Israel, ha sido muy
diligente para enviar cascos azules para hacer la guerra contra los pueblos,
pero no hace nada para frenar el bloqueo a Cuba para impedir la pesadumbre de
la población de la hermosa isla caribeña, tampoco para contener el genocidio
que resuelva el problema de la vacunas para inmunizar al pueblo de Venezuela
contra el coronavirus.
El concepto del imperio
sigue vigente y los gobernantes de EEUU, tal como las antiguas supremacías,
aspiran imponer su hegemonía sobre la base de la unilateralidad, de un dólar
debilitado y una economía desgastada. Es por esto que retomo las palabras del
pensador y escritor estadounidense Noam
Chomsky: “La resistencia es factible, incluso para aquellos que no son
valientes por naturaleza, y es una obligación, creo yo, para los que temen las
consecuencias y detestan la realidad del intento de imponer la hegemonía
estadounidense”. Lee que algo queda.
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